Los operadores de telecomunicaciones se encuentran entre los proveedores de servicios más afectados por el Reglamento de la UE sobre pruebas electrónicas. Al poseer datos de abonados, registros de acceso, CDR y metadatos de red de millones de usuarios, las empresas de telecomunicaciones serán las principales destinatarias de las órdenes de presentación europeas de las autoridades policiales y judiciales de los 27 Estados miembros de la UE.
Retos específicos de las telecomunicaciones
A diferencia de las plataformas SaaS o los proveedores en la nube, que suelen contener datos a nivel de aplicación, los operadores de telecomunicaciones gestionan infraestructuras de red complejas en las que los datos relevantes se distribuyen a través de múltiples sistemas: bases de datos de abonados, HLR/HSS, servidores RADIUS, repositorios CDR, sistemas de gestión IP, plataformas de buzón de voz, etc. La asignación de solicitudes de categorías de datos EPOC a estas diversas fuentes requiere un profundo conocimiento de la red y capacidades de extracción automatizadas.
Aprovechamiento de la infraestructura de LI existente
La buena noticia para las empresas de telecomunicaciones es que la infraestructura de interceptación legal ya proporciona muchos de los componentes necesarios para el cumplimiento de e-Evidence. Su LIMS ya gestiona las órdenes judiciales y el ciclo de vida de las órdenes. Su plataforma de mediación ya se conecta a los elementos de red para la recopilación de datos. Sus interfaces de transferencia ya admiten la entrega cifrada a las autoridades. ICS amplía esta inversión existente para cubrir la e-Evidence, añadiendo las funciones específicas de flujo de trabajo, validación y elaboración de informes que exige la nueva normativa.
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