e-Evidence vs. MLAT: Qué ha cambiado para los proveedores de servicios en la UE

interceptación legal Austria - lawful interception compliance illustration

Durante décadas, el acceso transfronterizo a las pruebas electrónicas dependía de los Tratados de Asistencia Legal Mutua (MLAT), un proceso famoso por su burocracia y sus retrasos. Las solicitudes podían tardar meses o incluso años en tramitarse, pasando por múltiples organismos gubernamentales y canales diplomáticos antes de que un proveedor de servicios recibiera una solicitud de divulgación de datos. El Reglamento de la UE sobre la prueba electrónica (UE) 2023/1543 cambia radicalmente este panorama.

El viejo mundo: MLATs

En el marco del MLAT, un fiscal francés que investigara un ciberdelito debía presentar una solicitud a través de su Ministerio de Justicia, que la remitía al Ministerio de Justicia alemán, el cual emitía una orden judicial nacional al proveedor de servicios alemán. Este proceso solía durar entre 6 y 18 meses. En casos urgentes, a menudo se destruían las pruebas o los sospechosos huían antes de poder obtener los datos.

El nuevo mundo: Órdenes directas bajo e-evidencia

En virtud del Reglamento sobre pruebas electrónicas, ese mismo fiscal francés puede emitir una Orden Europea de Presentación de Documentos (European Production Order, EPOC) directamente al proveedor de servicios alemán. La orden se transmite a través del sistema e-CODEX de la UE y debe cumplirse en un plazo de 10 días para las solicitudes estándar o de 8 horas en situaciones de urgencia. Sin canales diplomáticos, sin coordinación intergubernamental, sin meses de espera.

Qué significa esto para los proveedores de servicios

El paso de los MLAT a las órdenes directas crea requisitos operativos totalmente nuevos para los proveedores de servicios. Se necesitan sistemas automatizados de recepción de pedidos, procesos estandarizados de extracción de datos, disponibilidad operativa 24 horas al día, 7 días a la semana, para pedidos urgentes y pistas de auditoría exhaustivas. Las sanciones por incumplimiento son importantes: las multas pueden alcanzar hasta el 2% de los ingresos anuales globales para los grandes proveedores.

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